viernes, 28 de enero de 2011

El síndrome de Claudia López

Por: César Rodríguez Garavito

Mucho se ha dicho sobre la audiencia de este lunes dentro del proceso de Ernesto Samper contra Claudia López. Basta ver el reguero de trinos que dejó la transmisión en vivo de La Silla.

Pero no me interesa entrar en el debate. No porque no tenga una opinión: defiendo la libertad de expresión de periodistas que, como Claudia, se atreven a decir lo que todo el mundo sabe o sospecha, con nombres propios y sin rodeos. Para eso sirve la opinión y por eso sus estándares son distintos de los de la información, como lo reconoce el derecho nacional e internacional.

Quisiera, más bien, apuntarle a algo que pocos han comentado y que llamaría el “síndrome Claudia López”: el efecto de intimidación que tienen las amenazas de carcelazos sobre el derecho suyo o mío a opinar.

Si usted escribe o consume blogs, trinos, columnas o cualquier texto de opinión, debería estar preocupado por este síndrome, que tiene dos síntomas. El primero es el contagio de un estilo de escribir columnas y textos de opinión que se ha vuelto popular y que está guiado por el principio de la canción ochentera de Los Prisioneros: “nunca quedas mal con nadie”. Por conveniencia o por miedo a un carcelazo, cada vez más columnistas, incluyendo algunos muy leídos, parecen escribir en clave. Nunca hablan con nombres propios, sino en seguros plurales. Cuando es obvio que quieren criticar a otro columnista, dirigen sus dardos a “algunos opinadores” (como lo hago deliberadamente aquí, para devolver el favor). Cuando se refieren a actos de corrupción o incompetencia de funcionarios específicos, prefieren hablar de “el gobierno”. Y, como es más fácil criticar al “Estado” que a una empresa, se abstienen cómodamente de identificar abusos del sector privado.

El segundo síntoma del síndrome es lo que llamaría el efecto “Law and Order”: como en las películas gringas, el debate público se desplaza a los estrados judiciales. En lugar de dar la pelea con razones y ante la opinión pública, los políticos, las actrices y demás famosos contratan a abogados de corbata satinada para que den la pelea por ellos, mientras esquivan la polémica de fondo. Para la muestra el botón de la audiencia del lunes, en la que Ernesto Samper se fue apenas dio su testimonio, sin dar chance para un careo con López.

Pero los opinadores también han contribuido al síntoma. Como lo criticó Camilo Sánchez en atinada columna, eso fue lo que hizo el valeroso Daniel Coronell al decidir denunciar a Uribe por calumnia e injuria, a propósito del rifirrafe reciente entre los dos por Twitter.

En un mundo donde la opinión se mueve a la velocidad con la que escriben 140 caracteres, arreglar estos líos a punta de carcelazos es anacrónico y contraproducente. Lo complicado es cómo manejar situaciones de abuso abierto del derecho a opinar (que no es el caso de Claudia) sin generar el síndrome López.

¿Con multas? ¿A través de la autorregulación de los medios? Se oyen propuestas, porque lo que es claro es que los abogados penalistas no son los más indicados para solucionar este lío.

Artículo tomado de http://www.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/21273/el-sindrome-claudia-lopez

lunes, 24 de enero de 2011

Fotos de la audiencia del 24 de enero

Fotografías: Andrés Monroy Gómez


De izquierda a derecha: Representante del Ministerio Público, Fiscal, expresidente Ernesto Samper y su abogado

Claudia López observa con sus abogados, Carlos Rodríguez y Luz Marina Monzón, la columna "La reinserción uribista: del 8.000 al 64.000", por la que fue denunciada 





 Los testimonios aportados por la defensa. De izquierda a derecha: Claudia López, Maria Teresa Ronderos y Eduardo Bertoni

Claudia López expone detalladamente las fuentes utilizadas para escribir la columna "La reinserción uribista: del 8.000 al 64.000" 

 Testimonio de Maria Teresa Ronderos, como experta en temas de periodismo

 Ernesto Samper y la representante de la Fiscalía

Los medios de comunicación estuvieron presentes 

La foto de la foto... 

 Representante del Ministerio Público

 Todos atentos

domingo, 23 de enero de 2011

"Nos matan menos, pero nos demandan más"

Por: Alfredo Molano Jimeno / Felipe Morales Mogollón
La periodista habló sobre el proceso penal que enfrenta con Samper, dijo que él quiere, a través de un fallo judicial, limpiar su nombre.
 
Este lunes se llevará a cabo otro capítulo del pulso jurídico entre el expresidente Ernesto Samper y la analista política Claudia López, quien fue denunciada por una columna de opinión en la que sugería la responsabilidad del exmandatario en el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, alias La Monita Retrechera, testigo clave del Proceso 8.000.

La investigadora de la Misión de Observación Electoral (MOE) habló con este diario sobre el trasfondo del proceso, el ámbito del periodismo de opinión y las proyecciones de las próximas elecciones. Para López, el resultado de este pleito determinará el rumbo del periodismo de opinión y el suyo como periodista.

¿En qué consiste la denuncia en su contra?

La excusa del expresidente Samper para entablar este proceso es una columna que yo escribí cuando  a Uribe se le ocurrió nombrarlo embajador en Francia. Eso desató una crisis diplomática enorme y revivió el debate del Proceso 8.000. Lo que pretende es que un fallo judicial le limpie el nombre y lo saque de la historia de mafia y política en Colombia, de la que inevitablemente forma parte. A él le precluyeron una investigación por “falta de pruebas”, pero la comisión ciudadana que le hizo seguimiento concluyó que ese proceso fue una farsa. Reconozco que el Congreso emitió un juicio político con efecto judicial y Samper quedó absuelto, pero el debate político no se puede silenciar. Lo que el señor Samper pretende es que no podamos dudar de su versión. La pregunta es si en política y en periodismo de opinión el debate está cerrado y si el señor lo puede cerrar con un manotazo en la mesa judicial. En un debate político sobre hechos de conocimiento público y controversial, como el Proceso 8.000, no puede un personaje imponer su versión. Ese derecho lo voy a defender hasta la muerte.

¿Se ratifica en los señalamientos que hizo en su columna?

Me ratificó. No le creo al presidente Samper que todo ocurrió a sus espaldas. No estoy obligada a creerle. Llevo seis años analizando la relación entre mafia y política y nunca he encontrado que una donación de $6 mil millones se haga sin ningún interés a cambio. Ahora, eso es difícil de comprobar , pero una cosa es el debate judicial y otra el político. Como dije en la columna: ¿Sabrá Dios si Samper tuvo algo que ver en la muerte de La Monita Retrechera?

¿Qué buscan al denunciar a los periodistas por sus artículos?

Dicen que quieren restituir su buen nombre, pero Samper no va a hacerlo aunque salgan diez fallos en su favor. Él busca que los periodistas nos agotemos, nos sintamos intimidados y nos autocensuremos. Uno de los temas críticos en Colombia, del cual no podemos dejar de hablar porque se ahogaría la democracia, es la relación entre mafia, violencia y política. Acá se quiere silenciar el ejercicio del periodismo.

¿Hasta dónde llega el ejercicio de la libertad de opinión?

Eso está establecido en el derecho. Como columnista no le puedo imputar a alguien un delito, ese es el límite. En materia de la supuesta honra, es discutible que mi columna busque afectar la de Samper. No le estoy imputando la autoridad intelectual o material de un delito, estoy diciendo que dudo. Por otro lado, en la jurisprudencia nacional e internacional está establecido que los hombres públicos y poderosos no pueden escudarse en el argumento de la honra para silenciar el debate público.

Usted salió de ‘El Tiempo’ por un artículo, ¿cree que los medios también están coartando la libertad de opinión?

De allá me echaron.  Roberto Pombo, el director, cometió, en mi opinión, un abuso de posición dominante. Él reaccionó con la indignación y con el poder, no con el periodismo, nunca pudieron explicar  cuál era la fuente de información del artículo que critiqué. No dijeron cuál era el criterio periodístico con el cual le pedían la renuncia a Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro y no a Juan Manuel Santos por los falsos positivos.

¿Y en lo del tercer canal?

Ahí quedó en evidencia una preferencia familiar y política. Pero lo que más generó mi crítica fue la posición cada vez más sesgada frente al Gobierno para tratar de granjearse el tercer canal. Actuaron de una manera grotesca en defensa de sus intereses comerciales y económicos y no periodísticos. Y creyeron que con un manotazo y una echada iban a cerrar el debate, pero por el contrario se abrió más, porque los poderosos como el señor director de El Tiempo y el expresidente Samper tienen que entender que cuanto más abusen de su poder menos cierran los debates.

¿Lo que buscan es que los periodistas hablen sobre temas probados jurídicamente?

Es una locura. Los periodistas somos periodistas y no agentes del CTI. Si un periodista tiene que tener primero un fallo judicial nunca va a poder hacer denuncia. Seríamos reporteros de hechos certificados por la justicia.

¿Hay libertad de prensa en Colombia?

Cada vez más amenazada. Celebro que maten menos periodistas. Ahora nos matan menos, pero nos demandan más. El objetivo es la intimidación, o quitándole la vida o a través de los estrados judiciales.

¿Cómo ve el periodismo en el país?

Los periodistas colombianos tenemos una reputación de avezados, valientes y buenos investigadores. Nos la hemos ganado con rigor y con sangre. Pero lo que me preocupa es la falta de autorregulación frente a los conflictos de intereses que tienen los dueños de los medios. Ahí sí hay mucho camino por recorrer.

¿Cuál es su lectura sobre el proceso electoral que se avecina?

 Las elecciones van a ser un gran campo de batalla político porque las presidenciales implicaron un reequilibrio de las diferentes fuerzas. Es decir, los que creyeron que habían perdido hoy creen que ganaron y viceversa. Vamos a ver si se profundiza el santismo o el uribismo. En materia de partidos hay que ver si el reacomodo del Partido Liberal se ve reflejado en el renacimiento del poder regional; si el Partido Verde desaparece o se consolida como alternativa política de centro, pero pareciera que su visión es hacer más difícil las cosas fáciles e imposibles las difíciles. Por último, si el Polo se mantiene en el espacio político nacional continuando su carrera de ascenso o si van a retroceder a la representación en pequeños municipios.

¿Podremos  evitar la influencia de  grupos armados en elecciones?

Los bandidos quieren influir en la política sin importar el nombre que tengan. En eso no hay que llamarse a engaños, hay que prender todas las alertas y tomar todas las previsiones, pero creo que la gran amenaza para la democracia está hoy en nuestras manos: aplicar la reforma política en cuanto a sanciones a los partidos que no tengan responsabilidad en la entrega de avales, mejorar la transparencia en el manejo de dinero en las campañas. Además, hay dos factores que parecieran mitos intocables: la Fuerza Pública y los registradores. Usted puede hacer fraude electoral sin bandidos, pero no sin registradores, y no hay un solo registrador investigado, el máximo castigo es que los rotan. También está el aparato corrupto de la Fuerza Pública que ampara a criminales aliados con políticos, ningún ciudadano se va a atrever a denunciar a un político corrupto que esté amangualado con un bandido que es protegido por la Fuerza Pública.

La entrega de ayudas humanitarias por el invierno, ¿es un factor de riesgo?

Es riesgoso porque genera incentivos perversos, es mucha plata para invertir en tan poco tiempo y todo en medio del caos. El Gobierno nombró dos gerentes inmejorables como Jorge Londoño y Everardo Murillo, pero ellos no pueden ser los jefes de la veeduría. Es mejor invertir un peso para cuidar cien.
  • Alfredo Molano Jimeno / Felipe Morales Mogollón | Elespectador.com




Artículo tomado de

    sábado, 22 de enero de 2011

    Claudia López: Culpable de opinar libremente

    Por Andrés Monroy Gómez
    Proyecto S.I. - Sociedad Informada

    Un nuevo episodio del intento por judicializar la libertad de opinión y restringir las críticas a personajes públicos se cumplirá el próximo 24 de enero, fecha fijada para la primera audiencia en  el juicio contra la politóloga y columnista Claudia López. Luego de frustrarse la conciliación en la que el apoderado del ex presidente Ernesto Samper pidió 50 millones de pesos para desistir de la acción judicial, López fue acusada de injuriar y calumniar a Samper en su columna de opinión “La reinserción uribista: del 8.000 al 64.000, publicada en el periódico El Tiempo el 11 de junio de 2006.

    La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), al referirse a este caso, señaló en su alerta del 24 de agosto de 2010 que “de manera creciente, las acciones penales por injuria y calumnia se están utilizando como una forma de limitar opiniones e incluso, en algunos casos, para silenciar críticas sobre la actuación de funcionarios públicos y personas influyentes en el país”.

    Este mecanismo de presión ya ha sido utilizado contra la politóloga. Sólo por citar un ejemplo, en febrero de 2008 algunos congresistas antioqueños y el gobernador Luis Alfredo Ramos anunciaron acciones penales contra la columnista, quien en un libro llamó la atención sobre la influencia paramilitar en los resultados electorales de Antioquia.

    En la columna por la que ahora está sometida a juicio, Claudia López afirmó categóricamente que “…así son nuestros políticos. A falta de convicciones e ineficaz control nacional, solo reaccionan a dádivas o amenazas externas superiores a las que ellos son capaces de proferir”. Es innegable la contundencia de las opiniones de López. Esa contundencia es necesaria en un país que no ha reaccionado eficazmente frente al abuso por parte de cómplices y títeres de las mafias.

    Del proceso contra Claudia López se desprenden dos temas que reclaman un cuidadoso análisis por parte de las organizaciones que promueven la libertad de prensa.

    El primero es la conveniencia de promover la despenalización de los delitos de injuria y calumnia. Actualmente cursa una acción de inconstitucionalidad contra estos delitos, promovida por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

    El segundo tema es la posibilidad de cuestionar las decisiones judiciales, como manifestación legítima de la libertad de expresión. En el proceso contra Claudia López, uno de los argumentos para descalificar las opiniones de la columnista parte de la preclusión de la investigación dictada por el Congreso a favor de Ernesto Samper en el conocido proceso 8.000. La Corte Constitucional ha manifestado que “en ejercicio de la libertad de expresión, los particulares pueden analizar y controvertir públicamente las decisiones de los jueces, no sólo por su aspecto estrictamente jurídico, sino por la estimación que se haga de los hechos pertinentes en la providencia”.

    Las alertas deben permanecer encendidas. Muchos periodistas y columnistas han pasado por los estrados judiciales, defendiendo nuestro derecho a estar informados y a conocer opiniones válidas sobre la realidad nacional. Ahora quieren silenciar a Claudia López por sus reflexiones sobre Ernesto Samper quien, para muchos, aún tiene una enorme deuda con la verdad de este país. Hay más ex presidentes, también con saldos en rojo frente a la historia colombiana. ¿Cada vez que alguien opine sobre ellos o cuestione su desempeño será llevado a los estrados judiciales? Pues bien, allá estaremos, hoy con Claudia López y mañana, uno por uno desfilaremos en el banquillo de los culpables de opinar con libertad.



    De acuerdo al principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. Por otra parte, la Corte Interamericana ha señalado que la protección a la libertad de expresión comprende la información o ideas favorables y también aquellas que "ofenden, resultan chocantes o perturban", porque "tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática".

    #ApoyoaClaudiaLopez

    jueves 20 de enero de 2011


    #ApoyoaClaudiaLopez


    Claudia López, Foto by Bun Diciembre 2008
    El lunes 24 de Enero a las 9 de la mañana en el juzgado 23 Penal Municipal de Bogotá arranca el juicio contra la columnista Claudia López http://ow.ly/3GUz0 
    Como ella, tampoyo yo veo en Ernesto Samper Pizano “al político capaz de venderse a la mafia para acceder a la Presidencia (algo que todos sabemos, pero que la justicia comprada en el Congreso evitó juzgar), de corromper las instituciones para imponer a Serpa como sucesor (como todos lo padecimos, pero logramos evitar), de pedir cacao para que no extraditaran a los Rodríguez Orejuela (como consta personalmente a Uribe) y sabrá Dios si habrá intercedió también en los planes para eliminar a quienes pudieron ser piezas clave para develar sus andanzas, como la ‘monita retrechera’ y el ex conductor de Serpa”. http://ow.ly/3FnGi
    Adhiero a la pregunta que Gonzalo Guillen @HELIODOPTERO le hacía a Claudia López en Twitter “@CLOPEZanalista ¿Por qué te acusa Samper a ti de algo que es vox pópuli y coincide con lo que otros publicamos desde hace 15 años?”. Y no solo lo que se publicó, sino lo que miles de personas pensamos y sabemos que sucedió.

    Lo deseable es que este juicio no implique un desgaste innecesario para el poder judicial y para la acusada como ocurrió con Alfredo Molano. Hace apenas un año atrás, y luego de tres tediosos años atendiendo diligencias de un proceso costoso emocional y financieramente hablando para el implicado, y qué decir para el Estado (según nos hace caer en cuenta María Teresa Herrán en su libro Acallar la opinión? Cuatro Araújos versus Alfredo Molano), y harto absurdo y “Kafko-costumbrista” como lo calificó el poeta Juan Manuel Roca, el escritor y periodista Alfredo Molano Bravo fue absuelto en juicio oral de los cargos de calumnia e injuria con lo que se pretendía acallarlo  http://ow.ly/3GNbP el 9 de febrero de 2010.

    Pero está visto que hablar con la verdad puede significar recibir una amenaza, una agresión y hasta perder la vida misma, o llegar a los estrados judiciales por cuenta de quienes se sienten aludidos, afectados o implicados, y pretenden –por ahora sin suerte-, convertir el pensar y opinar con independencia en delito. 

    Aunque la autocensura, la intimidación y el miedo son condiciones casi que naturales en las que se ejerce el periodismo y la libertad de expresión en Colombia, no lo es para la investigadora y politóloga Claudia López quien forma parte de ese selecto y creciente número de periodistas y opinadores que ni con amenazas, acoso judicial, intimidación, señalamientos o demandas han conseguido acallar sus voces.

    Y es que, como advierte la FLIP, de manera creciente “las acciones penales por injuria y calumnia se están utilizando como una forma de limitar opiniones, e incluso, en algunos casos, para silenciar críticas sobre la actuación de funcionarios públicos y personas influyentes en el país. Si bien es claro que se pueden presentar tensiones entre la libertad de opinión y el derecho a la honra y el buen nombre, preocupa que se enjuicien opiniones y expresiones, cuando la jurisprudencia vigente ha establecido claramente que debe tratarse de hechos e imputaciones concretas”.

    Pero ni El Tiempo con su plan Planeta consiguió, con su despido  hace meses atrás, silenciar la opinión clara y crítica que, con tanto talento como cojones (¿debería decir ovarios?) se levanta para seguir señalando, de manera documentada y con lujo de detalles, los abusos y maniobras del poder que por igual ejercen legales e ilegales en el país.   


    Es mucho lo que el país político y la sociedad le debemos con su trabajo  a Claudia López. En 2005 tiró del telón  para que pudieramos ver la tras escena de cómo el Acuerdo de Ralito se cumplió para que mafiosos, narcotraficantes, terratenientes, empresarios, políticos etc., etc. se repartieran en 2002 el botín electoral que permitió el ascenso al Congreso de la República del proyecto político narco paramilitar, comúnmente conocido como la parapolítica y, desde entonces, hacer de Colombia la debacle.

    La acusación de injuria y calumnia contra @CLOPEZanalista es un atentado a libertad de opinión como derecho preferencial por encima de todos los derechos fundamentales y reconocido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

    La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Art.19. señala que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

    El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), jurídicamente vinculante para todos los Estados que han firmado y ratificado sus provisiones dice en su Art.19 que "(1) Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. (2) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

    La Constitución Política de Colombia en su Art. 20. señala que “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

    Como señaló el  Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión el guatemalteco Frank La Rue Lewi, “el principio de la libertad de expresión es que no debe haber ninguna censura, ninguna forma de censura”. Los controles “deben ser personales y éticos, deben ser internos, no del Estado, no de mecanismos del Estado”. El Estado “únicamente debe garantizar la libertad total de expresión”. “La opinión no necesita pruebas en el caso de los columnistas. El columnista está expresando su opinión personal y su análisis personal. De hecho, la opinión nunca necesita pruebas. Esa es la diferencia entre ejercer la libertad de opinión y ejercer la verdad de un proceso. Los hechos que uno documenta en un proceso legal tienen que ser probados”. http://ow.ly/3GV8v

    En la Providencia del fallo que absolvió a Alfredo Molano (N.I.64666 Caso 115-2008) el Juez Penal Municipal José Eduardo Saavedra señala que, “la libertad de opinión contribuye decididamente a la creación de espacios plurales dentro de la sociedad. Mediante la opinión se genera debate sobre la apreciación que la sociedad tiene sobre distintos hechos. Es por ello que la sociedad tiene la carga de soportar opiniones que causen molestia o afecten el amor propio de las personas. La libertad para expresar y difundir pensamiento y opiniones, permite, por lo mismo, cuestionar y criticas directamente, inclusive llegando al nivel de la exageración y la mortificación, diversos hechos, conductas y personas en la sociedad”.

    #ApoyoaClaudiaLopez es una Campaña mediante la cuál la Comunidad de Twitter busca expresarle a Claudia López que no está sola. Que son muchos más los que pensamos y creemos en la necesidad y valor de su palabra, de su opinión. También porque defendemos nuestro propio derecho a la libertad de expresión y de opinión, al derecho a la información como nuestros en una sociedad en la que, por lo pronto, optó como modelo político, el de la democracia.

    También, porque, como escribió “el maestro de maestros” de la investigación y la sociología en el país, Orlando Fals Borda, Colombia “necesita que se diga la verdad, así sea dolorosa, y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atreven a decirla”. 

    Deseo que esta reflexión ayude por lo menos a que Nelson Moreno (@nomorenelson) encuentré algunas respuestas a su pregunta en Twitter : “por qué será que los periodistas que valen la pena son los perseguidos y/o amenazados?”.



    Artículo tomado de http://somossentipensantes.blogspot.com/2011/01/apoyoaclaudialopez.html?spref=tw

    Ernesto Samper vs. Claudia López: ¿Logrará el ex presidente imponer su versión de la historia?

    Artículo publicado en LaSillavacía.com

    El próximo lunes, a las nueve de la mañana, arrancará el juicio por injuria y calumnia entablado por Ernesto Samper contra la columnista Claudia López. ¿Logrará el ex presidente imponer su versión de la historia?

    La denuncia fue entablada por Samper a raíz de una columna de opinión escrita por López el 11 de julio de 2006 en El Tiempo. Titulada “La Reinserción Uribista: del 8.000 al 64.000”, la columna giraba alrededor del reciente nombramiento del político liberal en Francia como embajador.

    En dicha columna, Claudia López (actual bloguera y amiga de La Silla Vacía), mostraba su indignación por dicho nombramiento y también por las razones que, según la revista Semana, habría tenido el Presidente Uribe para encargarlo de la embajada.

    Este es el segundo párrafo de la columna que motivó la denuncia de Samper:
    “Según la revista Semana, Uribe nombra a Samper por solidaridad. Porque, según el criterio de Uribe, el expresidente es un pobre hombre estigmatizado”, escribe López. Y continúa: “No ve en él al político capaz de venderse a la mafia para acceder a la Presidencia (algo que todos sabemos pero que la justicia comprada en el Congreso evitó juzgar), de corromper las instituciones para imponer a Serpa como sucesor (como todos lo padecimos, pero logramos evitar), de pedir cacao para que no extraditaran a los Rodríguez Orejuela (como consta personalmente a Uribe) y sabrá Dios si habrá intercedido también en los planes para eliminar a quienes pudieron ser piezas clave para develar sus andanzas, como la monita ‘retrechera’ y el exconductor de Serpa, quienes no murieron de gripa sino acribillados cuando iban a contarle a la Fiscalía lo que sabían (algo que solo podrían corroborar los sicarios, si es no los mataron también).”

    Samper considera que varias de estas afirmaciones afectan su honra. Y dos en particular le son injuriosas, porque según su abogado Julio Sampedro, “lo colocan como un delincuente”: la de que compró el Congreso para su absolución, lo que implicaría un cohecho; y el que Samper participó en el homicidio de la ‘monita’ retrechera. “Es decir públicamente que Samper fue el determinador del homicidio”, dijo Sampedro a La Silla Vacía.

    El argumento central de Sampedro es que en este caso no hay un tema de opinión. “Lo que hace Claudia López es crear hechos que son falsos. Crea un hecho en cambio de crear una opinión”.

    La fiscal del caso acogió el concepto de Sampedro y solicitó el 8 de junio de 2010 que le imputaran cargos a Claudia por calumnia e injuria por “haberle imputado a la víctima los delitos de homicidio y tráfico de influencias, cargos a los cuales no se hallanó (sic) la imputada”, dice el escrito de acusación, que pide la condena más severa que podría ir hasta los diez años de cárcel.

    Claudia López, por su parte, considera que como columnista ella tiene derecho a no creer que los narcotraficantes realizaron una donación anónima a la campaña de Samper por 6 millones de dólares. “No le creo que fue a sus espaldas porque viola el sentido común de cómo opera la mafia”, dijo López a La Silla Vacía. “Tengo derecho a no creerle y a expresarlo”.
    La historia del juicio
    Este proceso arrancó casi inmediatamente después de la publicación de la columna. Claudia dice que se enteró de la demanda por un confidencial de la revista Semana y como lo ordena la ley en los casos de calumnia e injuria, fue llamada a conciliar. El ex presidente Samper pedía 50 millones de pesos y la retractación. López esgrimió su derecho a la opinión y se negó a conciliar.

    El caso pasó a la Fiscalía, que pidió la preclusión y una juez la avaló y cerró el caso en 2009. Pero Samper apeló y el Tribunal le concedió el recurso con el argumento de que la Fiscalía no había hecho una investigación seria (algo en lo que tanto López como Sampedro coinciden); y segundo, que los estándares del periodismo informativo y de la opinión deben ser los mismos, lo cual es altamente debatible. La juez revocó la preclusión y el proceso se reabrió en 2010, cuando volvió a la Fiscalía.

    Aunque la orden del tribunal era que la Fiscalía investigara, cuando la fiscal retomó el caso y pidió audiencia de imputación su ‘investigación’ consistía en la columna publicada. Durante la audiencia, la fiscal pidió imputarle a Claudia el delito de injuria y calumnia por las mismas frases, y cuando la juez le recordó que una afirmación puede ser calumniosa o injuriosa pero no las dos cosas a la vez, pidió un receso para que Sampedro, el abogado de Samper, le subrayara cuáles afirmaciones eran injuriosas y cuales calumniosas, algo que, como se acostumbra en esos casos, él hizo delante de todos los asistentes durante el receso. Después fue la audiencia de ratificación en la que otra fiscal, más preparada, entregó el escrito de acusación.

    A cada audiencia del proceso ha asistido una fiscal distinta. Una le imputó los cargos a Claudia, otra presentó el escrito de acusación, otra lo sustentó y la última la acusó y llamó a juicio. Ante estos cambios de fiscales, Semana sacó un confidencial a favor de Samper en el que decía que era increíble que la periodista tuviera más influencia que el expresidente en la Fiscalía, insinuando que López estaba manipulando la institución. La revista tuvo que rectificar en la siguiente edición.

    Lo que sucederá el lunes
    El lunes durante el juicio Samper actuará como testigo y su testimonio buscará minar la credibilidad de López como columnista. Un objetivo que aplaudirán muchos políticos que se han visto perjudicados por sus investigaciones que destaparon la parapolítica y obligaron a la Corte Suprema a encausarlos y a poner a muchos de ellos tras las rejas.

    Por su parte, la analista pidió cinco testigos, de los cuales solo le aceptaron dos. La juez rechazó a los constitucionalistas Rodrigo Uprimny y Eduardo Cifuentes porque no necesitaba que le explicaran la jurisprudencia y también a un perito lingüístico.  A favor de Claudia hablarán la periodista María Teresa Ronderos, exeditora de Semana, quien explicará que la opinión y la información tienen diferentes estándares en el mundo periodístico. Y Eduardo A. Bertoni, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien alegará que una condena en este caso contradice todos los estándares internacionales de libertad de expresión. López también hablará en defensa propia.

    Entonces, simultáneamente, ese día arrancarán dos juicios: uno en los estrados judiciales de tipo legal y otro en la opinión pública. Samper tiene alguna posibilidad de ganar el primero, pero es muy probable que pierda el segundo.

    Jurídicamente, el debate gira alrededor de si lo escrito por la columnista constituye la aseveración de un hecho (falso) o la formulación de una opinión.

    La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en que el ámbito de protección de la honra de los funcionarios públicos es menor al de un ciudadano común y corriente con el fin de proteger el debate público tan necesario en una democracia.

    Mientras que frente a una persona privada el periodista tiene que probar la verdad de lo dicho, frente a un personaje público basta con que demuestre la debida diligencia en contrastar fuentes de tal manera que sea evidente que no hubo dolo ni culpa grave, explicó Rodrigo Uprimny a La Silla Vacía.

    Y López no es la primera persona que dice que la absolución de Samper por parte del Congreso fue lograda a punta de dádivas.

    De hecho, El Tiempo en su momento publicó un artículo, entre muchos que escribieron todos los medios sobre el 8.000, en el que cuenta que Heyne Mogollón, el representante a la Cámara que elaboró el proyecto de preclusión a favor de Samper, tiene una investigación por cohecho porque el Gobierno había aumentado los recursos para su pueblo Chimá en un 56 por ciento luego de la decisión de preclusión. La acusación contra Mogollón y los demás representantes a la Cámara que votaron a favor de la preclusión de la investigación no prosperó porque triunfó una tutela interpuesta por la entonces representante Viviane Morales en la que alegaba que los congresistas no podían ser investigados judicialmente por sus votos.

    Y aunque la Cámara de Representantes decidió precluir la investigación a favor de Samper dejando sin corroborar los testimonios del tesorero de la campaña Santiago Medina y de su ministro Fernando Botero en el sentido que Samper sí supo de la entrada del dinero de los narcos Rodríguez Orejuela a su campaña, muchos de los columnistas y políticos de la época dieron el ‘elefante’ por sentado.

    Incluso, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos le quitó la visa, el vocero Nicholas Burns dijo en una rueda de prensa que "la gente que a sabiendas asiste el narcotráfico no es bienvenida en este país". Así lo reportó el New York Times: "Burns dijo que Estados Unidos tenía información que los narcotraficantes habían hecho donaciones a la campaña presidencial de Samper en 1994. Y a cambio, dijo, el Sr. Samper había asumido políticas a favor de los narcotraficantes".

    Lo de la ‘monita retrechera’ es más complicado porque judicialmente Samper nunca fue vinculado con ese crimen. Es una insinuación grave pero tampoco es nueva (hay todo un libro de ficción escrito por Silvia Galvis inspirado en este episodio). Además, López dejó la pregunta en el aire y delegó en Dios la respuesta. Aún así, el debate jurídico será intenso.
    Revive el elefante
    El debate político no lo será menos. Aunque como dice el abogado de Samper, este es un juicio por injuria y no sobre el 8.000, como Claudia hará su defensa en el estrado, y este girará sobre su derecho a no creerle a Samper su versión sobre la entrada de dineros calientes a su campaña, el juicio inevitablemente le recordará al país lo que el expresidente lleva 15 años tratando de que olvide o recuerde de manera diferente.

    En su momento, aunque el Congreso precluyó la investigación a favor de Samper, la opinión pública lo condenó. El expresidente era abucheado en los restaurantes, los clubes debatieron si dejarlo entrar y ningún político quería su abrazo del oso. Pero esto con el tiempo ha ido cambiando.

    Su influencia en el gobierno de Samuel Moreno en Bogotá es considerable. El Secretario de Medio Ambiente Juan Antonio Nieto y el Secretario General Yuri Chillán, solo por mencionar algunos, son ‘ahijados’ políticos suyos. En el gobierno de Santos, hay varios samperistas como su exsecretario privado Juan Mesa, hoy Alto Consejero para las Comunicaciones y su hijo Miguel, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior. Su reconciliación con Santos, su otrora enemigo, es un hecho. Y varios miembros de la nueva cúpula de la Fiscalía –incluyendo la Fiscal General- son cercanos a su exfiscal y amigo Alfonso Gómez Méndez. Incluso internacionalmente, con el foro de Biarritz, el expresidente ha ido reconstruyendo su imagen.

    Este juicio difícilmente le puede ayudar a consolidar su reencauche. Cuando Claudia fue despedida de El Tiempo, miles de comentarios en los foros de los medios reconocían el aporte de sus investigaciones sobre la parapolítica y el coraje de sus escritos para combatir la corrupción política. En la calle, la gente la para y la felicita por su valentía. Por eso, si ella eventualmente llega a perder el juicio y es condenada en los estrados judiciales, es muy probable que el ex presidente Samper pierda el que más le importa en la memoria de sus compatriotas.

    Alerta Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP


    Enero 21 / 2011 - Obstrucción al trabajo periodístico

    Audiencia pública en juicio contra periodista Claudia López por los delitos de injuria y calumnia

    El próximo lunes 24 de enero, se realizará la audiencia de juicio oral en el marco del proceso penal que inició el ex presidente Ernesto Samper contra la columnista y analista política Claudia López, por los delitos de injuria y calumnia en el Juzgado 23 Penal Municipal de Bogotá.

    El pasado 11 de julio de 2006, Claudia López publicó en el periódico El Tiempo la columna, “La reinserción Uribista: del 8.000 al 64.000” , en la cual criticó el eventual nombramiento de Samper como embajador en Francia. A raíz de esta publicación, el ex presidente denunció a López por considerar que la columnista había hecho afirmaciones deshonrosas en su contra y le atribuyó la comisión de algunos delitos.

    En principio, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación al no encontrar méritos para imputarla. La petición fue avalada por el Juez, pero el denunciante apeló y la decisión fue reversada en segunda instancia. En 2010 la Fiscalía retomó la investigación e imputó cargos contra López.

    En la audiencia que se realizará el próximo lunes, la defensa de López presentará los testimonios de Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos- OEA, María Teresa Ronderos, periodista que cubrió ampliamente el escándalo del proceso 8000 y activista de la libertad de expresión, y el testimonio de la propia López.

    Por su parte, la Fiscalía presentará el testimonio de Samper, así como algunos documentos relacionados a la preclusión de la investigación del proceso 8000, especialmente en lo relacionado con la responsabilidad del ex mandatario.
    En agosto de 2010, la FLIP le solicitó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos –OEA que emitiera un concepto aplicable al caso sobre los estándares interamericanos de libertad de expresión y de opinión. El organismo respondió en septiembre del mismo año, y citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó: “En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.”
    A su vez, la Relatoría resaltó que las opiniones o juicios de valor sobre funcionarios públicos no pueden estar sometidas a responsabilidad de ningún tipo y recordó que en una sociedad democrática “los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la critica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan.” Conozca el concepto completo de la Relatoría

     ***
    La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP,  invita a todos los sujetos procesales a respetar y garantizar la libertad de expresión y opinión, y espera que las pruebas que se tienen en este proceso demuestren que la columnista Claudia López actuó acorde al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
    Asimismo, la FLIP manifiesta su preocupación por el incremento de las denuncias penales sin justa causa contra periodistas, por parte de funcionarios públicos o personas vinculadas a la política. En muchos de estos casos, las denuncias no buscan defender la intimidad y el buen nombre de los denunciantes, sino silenciar y obstruir la libertad de expresión de los periodistas.