Desde septiembre de 2010 no usaba mi blog. Por tiempo y temor me impuse una especie de autocensura. En octubre del año pasado la Fiscalía me acusó formalmente por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Estoy acostumbrada a recibir amenazas y acusaciones de criminales y corruptos de todo pelambre, pero que la Fiscalía me acusara me dejó, además de sorprendida, en medio de una gran incertidumbre sobre la protección legal que tengo en mi oficio de columnista y analista. Decidí afrontar la acusación e irme hasta juicio para resolver esa incertidumbre y porque tengo certeza sobre la solidez y validez de las opiniones expresadas en la columna por la que fui acusada.
Soy parte de una generación marcada por las desgracias personales y nacionales derivadas de los vínculos entre mafia y política. Esa marca me comprometió desde muy joven a denunciar y combatir esos vínculos. Marché para protestar los asesinatos de Jaime Pardo, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Garzón y tantos otros. Fui parte del movimiento estudiantil que se plantó en las calles a decirle a la mafia y su corruptela política que no nos íbamos a dejar matar, que perseveraríamos en las vías democráticas para derrotarlos. Promoví la séptima papeleta y la Constituyente. Celebré con emoción la promulgación de la Constitución de 1991. Me dediqué a difundirla, ejercerla y protegerla. Llevo años dedicada a escudriñar y entender los cruces entre mafias, violencias y elecciones, desde 1982 hasta nuestros días. El país me conoció en 2005, a propósito de mis investigaciones sobre parapolítica. Pero mi convicción y lucha no empezó con la parapolítica.
Critiqué en mi columna la designación de Ernesto Samper como Embajador de Colombia en Francia. Era la primera vez que se proponía a Samper para un cargo público desde que dejó la Presidencia en 1998. Había seguido de cerca el proceso 8.000, las condenas derivadas de ese proceso y la preclusión a Samper en la Cámara, como ciudadana en su época y como investigadora después. Por ello, había leído cientos de artículos y noticias del proceso 8.000, por lo menos 4 libros y unas 10 sentencias relacionadas con ese proceso. Aunque hubiera podido, no escribí esa columna basada en mi mera percepción sino con pleno conocimiento de los hechos.
En primer lugar, reitero la hipótesis central de esa columna. “La polimafia (asociación de crimen organizado, narcotráfico y políticos) es la mayor amenaza a la sociedad colombiana. No solo por ética sino por elemental supervivencia, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en combatirla.” En segundo lugar reafirmo que mis opiniones se fundan en hechos veraces, de público conocimiento, y en que nunca le creí a Ernesto Samper su versión de que la narcofinanciación de su campaña se hizo “a sus espaldas”.
Estos son los hechos que fundamentan mis opiniones. La justicia comprobó que por lo menos 5 grandes capos de la época (los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Helmer Herrera, José Santacruz Londoño y Luis Hernando Gómez Bustamante) hicieron una colecta de no menos de $5.000 millones, que la campaña Samper recibió y gastó en las tres semanas que transcurrieron entre la primera vuelta, que Samper ganó por apenas 18.499 votos, y la segunda, cuando triunfó por 156.555 votos.
La justicia también comprobó que se falsificaron los balances y reportes financieros de la campaña para ocultar esas donaciones. A pesar de comprobarse la ilicitud de los aportes y la falsedad de los registros financieros, la campaña de Ernesto Samper cobró y se quedó con los casi $1.800 millones (exactamente $1.795.951.200) que le reembolsó el CNE como “gastos de campaña”. Una autentica operación de lavado de activos.
La operación criminal de financiación de la campaña de Ernesto Samper, su posterior encubrimiento y la irregular reposición de gastos de campaña, fue comprobada por la Fiscalía y demostrada por juzgados y tribunales de la rama judicial en el transcurso de 1996 y 1997. A pesar de contar con las mismas evidencias y material probatorio, la Cámara de Representantes precluyó la investigación contra Ernesto Samper en junio de 1996 porque, según su criterio, “las deducciones hechas por el señor Fiscal, eran producto de un razonamiento que aún cuando siendo lógico, no lo era jurídico; es decir, se trataba de meras especulaciones y ejercicios de tipo mental”. También concluyó que los testimonios rendidos por Fernando Botero Zea y Santiago Medina Serna “carecen totalmente de eficacia probatoria, dado que, aparecen sin armonía y coherencia en los diferentes hechos narrados” y que “Además, ni Pallomari [contador del Cartel de Cali, que aportó pruebas que permitieron condenar a por lo menos 8 involucrados en el proceso 8.000] ni María Izquierdo de Rodríguez [también condenada en el proceso 8.000] afirman que el doctor Ernesto Samper Pizano tenían conocimiento del presunto ingreso de los mencionados dineros [dineros del Cartel de Cali. Subrayado mio].
La Cámara no se pronunció sobre la presunta violación de topes de la campaña porque las resoluciones que fijaban tales topes fueron derogadas por el Consejo de Estado en el transcurso del juicio. Tampoco por la presunta conducta de indignidad presidencial porque los presuntos hechos irregulares ocurrieron antes de que Samper fuera electo Presidente. Y tampoco decidió sobre el exceso de gastos de la campaña porque no consideró válido el peritazgo de la Fiscalía sobre la contabilidad de la campaña, aunque manifestó que los presuntos recursos ilícitos no aparecían en dicha contabilidad.
En conclusión, según el informe de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al proceso 8.000, la Resolución de Preclusión a favor del Presidente Ernesto Samper concluyó que:
1. No se demostró que ingresaron dineros del narcotráfico a la Campaña Samper-Presidente
2. No se demostró que la Campaña rebasara los topes electorales
3. No hay prueba de que Ernesto Samper “directa o indirectamente participó o cohonestó la adulteración” de los documentos de contabilidad
4. No se probó que Ernesto Samper llevara a cabo conductas tendientes al encubrimiento de los supuestos hechos delictivos.
Las dos primeras consideraciones de la Cámara para precluir a favor de Ernesto Samper fueron plenamente comprobadas en sentido contrario por tribunales judiciales independientes, en procesos que culminaron con las condenas a Fernando Botero, Santiago Medina y Juan Manuel Avella. Ernesto Samper es el único de los involucrados en el 8.000 que goza de fuero judicial especial ante el Congreso de la República. Su caso fue precluido en la Cámara de Representantes. En los demás casos, los hechos fueron comprobados y condenados por la justicia ordinaria.
Ni el sentido común, ni la sana crítica de los hechos, ni la valoración judicial que hicieron todos los tribunales judiciales, excepto la Cámara de Representantes, me permiten creerle a Samper su versión de que “a sus espaldas” se realizó una colecta mafiosa de $5.000 millones de pesos, donados “anónimamente” por la mafia, pero recolectados e invertidos en tres semanas para que “financiaran una campaña cuyo único propósito específico era la elección del Presidente de la República [Ernesto Samper]” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 12.786, Aprobado Acta 28, p. 11).
No le creí a Ernesto Samper su versión en 1996, cuando la Cámara lo absolvió, ni en 2006 cuando escribí la columna, ni le creo hoy. Tengo fundamento de sobra para no creerle y el derecho a expresar la opinión de que considero a Ernesto Samper un “político capaz de venderse a la mafia para acceder a la Presidencia (algo que todos sabemos, pero que la justicia comprada en el Congreso evitó juzgar)”.
No sólo yo dudé de los fundamentos jurídicos y legitimidad de la preclusión de Ernesto Samper en la Cámara. Cientos de artículos, de información y opinión, se manifestaron en el mismo sentido. Encuestas de la época reportaron que cerca de la mitad de los colombianos tampoco le creyeron a Samper el cuento de que “fue a sus espaldas”.
De la legitimidad del proceso de preclusión en la Cámara también dudó Enrique Santos Calderón, columnista y copropietario de El Tiempo en la época. No le creyó María Isabel Rueda, columnista de la Revista Semana, entre otras, en su columna “País de mentirosos”. Tampoco le creyó Antonio Caballero, columnista de la Revista Semana, entre otras, en su columna “La Preclusión”.
Otras decenas de artículos, de información y de opinión, denunciaron y censuraron las maniobras de Samper para obtener su preclusión, permanecer en el poder y promover a Serpa como su sucesor. Cito apenas algunos ejemplos: “Presidente Samper, Eje de la corrupción”, “Juicio al juicio”, “Se creció el bigote”, “¿Por qué no se cayó?”, “Presiones en el 8.000 denuncia Salamanca” y “Una decisión cínica”.
Tampoco le creyó a Samper el Departamento de Estado de los Estados Unidos que, desde julio de 1996 hasta hoy, considera a Ernesto Samper inelegible para acceder a visa de ingreso a ese país porque “hay razón para creer que el individuo, a sabiendas, ha ayudado u hostigado al tráfico ilegal de estupefacientes”.
A ninguno de esos columnistas o medios, mucho menos al Departamento de Estado, los demandó Ernesto Samper en su momento. Sólo se acordó del “dolor y daño” que este tipo de afirmaciones le causaron en 2004 por una columna de María Isabel Rueda en la revista Semana y por mi columna en El Tiempo en 2006.
En efecto, no soy la primera periodista demandada por el expresidente. Samper demandó a la columnista María Isabel Rueda por afirmar en su columna, titulada “Conspiración”, en mayo de 2004, que “Al final fue claro que la conspiración se reducía a la indignación de millones de personas que habían descubierto que la campaña Samper les había vendido la presidencia a los hermanos Rodríguez Orejuela.” Por esa afirmación y por lo reiterado en el mismo sentido en otra columna afrontó María Isabel una demanda por injuria y calumnia. Por fortuna para María Isabel y también para la libertad de expresión, en noviembre de 2004, un Fiscal delegado ante la Corte Suprema dictó fallo inhibitorio en su favor y concluyó que “las frases utilizadas por Rueda pueden ser agravantes, capaces de causar molestia y resentimiento, pero ello no las hace injuriosas y mucho menos calumniosas.”
Lo mismo concluyó el primer Fiscal que tuvo a cargo el caso de mi demanda, quién también precluyó a mi favor la investigación. Sin embargo, una apelación concedida a Ernesto Samper produjo la reapertura del caso, un segundo pronunciamiento de la Fiscalía, esta vez acusándome, y el juicio que actualmente afronto.
La apelación concedida a Samper se basó en el insólito argumento de que la información y la opinión son géneros periodísticos con iguales estándares que mi columna no cumple. Una mínima lectura de los manuales de periodismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estándares internacionales de libertad de expresión y de la jurisprudencia internacional demuestra expresamente que ese argumento es contrario al periodismo y al derecho.
No sólo información y opinión no tienen los mismos estándares sino que tampoco lo tienen la opinión sobre un ciudadano cualquiera y la opinión sobre un personaje público en posición de poder. Según la acusación de la Fiscalía, las opiniones que expresé en relación con la narcofinanciación de la campaña, las maniobras para mantenerse en el poder y promover a Serpa como su sucesor, son injuriosas.
De otra parte, considera una supuesta calumnia la siguiente opinión: “y sabrá Dios si habrá intercedido también en los planes para eliminar a quienes pudieron ser piezas clave para develar sus andanzas, como la ‘monita retrechera’ y el ex conductor de Serpa, quienes no murieron de gripa sino acribillados cuando iban a contarle a la Fiscalía lo que sabían (algo que solo podrían corroborar los sicarios, si es que no los mataron también).”
Conozco perfectamente los límites de mi oficio. Por ello distinguí escuetamente las opiniones que expreso como afirmaciones de las que expreso como pregunta. Sé que Samper se eligió con narcofinanciación, que su “juicio” en el Congreso fue una farsa y que trató de imponer a Serpa como su sucesor. Por el contrario, no sé si tuvo o no que ver con la muerte de la monita retrechera o el conductor de Serpa. Por eso me pregunto si sabrá Dios. Tendría que hacerse alquimia lingüística y judicial para convertir esa pregunta en una afirmación y ésta a su vez en una imputación penal.
Según la Ley, una imputación penal es una sindicación escueta y expresa, de una conducta tipificada como penal, y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió. Mi pregunta ni siquiera es una afirmación y mucho menos una imputación. No existe una conducta penal tipificada como “habrá intercedido” y no puede hacerse malabarismo interpretativo, como que “habrá intercedido” quiere decir “autor intelectual de homicidio”, y hacer pasar esa interpretación como una sindicación escueta, expresa y tipificada.
No le hice a Samper imputación penal alguna por el caso de la monita, pero otros sí se la hicieron. En octubre de 1998, Jesús Amado Sarria, esposo de la monita retrechera, envió una carta a la Fiscalía en la que acusa al ex presidente Ernesto Samper Pizano de ser el autor intelectual de la muerte de su esposa Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la monita Retrechera. Estos fueron los términos de esa imputación, según lo publicó el periódico El Tiempo:
“Este es el texto de la carta enviada por Sarria a la Fiscalía, difundida por el noticiero CMI: Andrés Enrique Montañés Muñoz, en mi condición de apoderado de la parte civil de la familia Sarria Montoya, por medio de este escrito me dirijo a usted en forma respetuosa con el fin de solicitarle se sirve ordenar lo pertinente para que se compulsen las piezas procesales del caso, con destino a la Comisión de Acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes, para que se investigado el señor Dr. Ernesto Samper Pizano, como autor intelectual de la muerte de la señora Elizabeth Montoya de Sarria y tres personas más.
Tenga en cuenta señor director, los testimonios de Fernando Botero Zea, Santiago Medina Serna y Jesús Amado Sarria, el informe de prensa de Orlando Sánchez Cristancho, el escrito presentado en el consulado de Miami (E.U.) por Guillermo Pérez Monsalve, así como la diversidad de informes de inteligencia rendidos por los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (Brigada de Homicidios) de la Fiscalía General de la Nación, militantes en el plenario; para que se sirva proceder de conformidad a esta petición.”
No cabe comparación alguna entre la imputación hecha a Samper por Jesús Sarria y la duda expresada en mi columna. No sobra recordar que el señor Sarria no fue demandado por Samper por calumnia cuando mandó esa carta a la Fiscalía en 1998, pero si me demandó a mí por la pregunta opinada en 2006.
No cabe comparación alguna entre la imputación hecha a Samper por Jesús Sarria y la duda expresada en mi columna. No sobra recordar que el señor Sarria no fue demandado por Samper por calumnia cuando mandó esa carta a la Fiscalía en 1998, pero si me demandó a mí por la pregunta opinada en 2006.
La duda que tengo sobre el rol que pudo tener Samper en el asesinato por sicarios de la monita retrechera es contextualizada y razonable.
Samper negó que conocía a los Sarria, hasta que los medios de comunicación publicaron evidencias en sentido contrario: una foto de Samper con los Sarria, y una grabación entre Samper y la monita, en tono coquetón, hablando de regalos para su esposa y financiación para su campaña. Luego, la Fiscalía comprobó que no sólo sí los conocía sino que habían sido aportantes a su campaña presidencial.
La Fiscalía también comprobó que los Sarria, específicamente Elisabeth, también habían girado cheques a favor del edecan del Presidente Samper, el coronel Osorio. Según la revista Semana, uno de los testigos de la Fiscalía, Luis Fernando Farfán Muñoz, confesó ante la Fiscalía que “el coronel Osorio era calificado como una especie de relacionista público de los Sarria”… “El testigo agregó que los Sarria "servían de razoneros de parte de los otros altos jefes del cartel de Cali y utilizaban a Osorio con ese fin". “Farfán aseguró que en varias ocasiones asistió a reuniones en las que Sarria se refería al presidente Samper. En una de ellas, en un apartamento del barrio Cedritos, al norte de Bogotá, Sarria habría dicho que él y su esposa Elizabeth Montoya fueron encargados de recolectar dineros de personas que por estar al margen de la ley no los podían entregar directamente a la campaña presidencial.”…“Es de público conocimiento que entre el primer mandatario y Osorio existe una estrecha relación de amistad.
Por eso produjo tanta inquietud en la opinión la manera tan particular como el gobierno creó para Osorio un cargo en la embajada de Colombia en Roma, a donde el oficial viajó tres días después de la muerte de la 'Monita retrechera'.”
Según la revista Semana y otros medios de comunicación, la 'monita' se sentía acorralada, su esposo había sido capturado, y estaba pensando seriamente en presentarse a la Fiscalía y confesar lo que sabía en relación con la narcofinanciación de la campaña de Samper y en particular con su directo conocimiento del tema.
La Fiscalía estableció que el edecán del Presidente, el coronel Osorio, se había comunicado insistentemente con Elisabeth de Sarria en las semanas y días previos a su asesinato. Tres días después del asesinato de la 'monita retrechera', Ernesto Samper ascendió a Osorio al grado de coronel y se inventó un cargo diplomático, hasta entonces inexistente, para nombrarlo como agregado policial en Roma. A pesar de la maniobra, la Fiscalía lo hizo regresar al país a rendir indagatoria y lo vinculó a la investigación por la muerte de la ‘monita retrechera’.
No sólo informes periodísticos de medios como El Tiempo y Semana reseñaron en su momento las dudas sobre el papel jugado por el gobierno, en particular por el edecán del Presidente, en la muerte de la 'monita retrechera', también la juez que juzgó este caso tuvo dudas, incluso más contundentes. Así quedó registrado por el periódico El Tiempo, que en diciembre de 2001 publicó un artículo titulado: “Desviaron investigación por crimen de la monita retrechera” en el que se reseña:
“Casi seis años después del asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, La Monita Retrechera, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá llegó a una conclusión: los organismos de inteligencia del Estado desviaron la investigación del sonado crimen, en su afán por mostrar a la opinión pública pobres resultados que a la postre constituyen una burla. [subrayado mio]
Tal afirmación está consignada en la providencia, de 57 folios, mediante la cual la jueza segunda especializada de Bogotá, Léster González, absolvió por el asesinato de la señora Montoya de Sarria y de tres de sus empleados a José Orlando Sánchez Cristancho (El Hombre del Overol) y José Luis Mangones.
Para la jueza González, en cambio, la investigación por el cuádruple asesinato debió orientarse por una seria hipótesis: el enfrentamiento directo que La Monita Retrechera mantenía con el Gobierno de la época de los hechos. [subrayado mio]
Así las cosas, por qué motivos entonces desorientar la investigación para señalar como presuntos responsables, por ejemplo, a José Sánchez Cristancho bajo el supuesto de que le adeudaba a la víctima una alta suma de dinero que, según el proceso, fue cancelada, sostiene el juzgado especializado.
En su enérgica providencia, el despacho judicial sostiene que es altamente criticable y sin ninguna presentación para la justicia colombiana, el hecho de que el proceso haya sido el producto de la desorientación, la negligencia y la desidia. [subrayado mio] Este despacho, representante del Estado para el asunto, no admitirá que hechos como el que nos ocupa queden en la más absoluta, criticable y lamentable impunidad, dice la providencia".
Reitero también que hasta hoy ni yo, ni la Fiscalía, ni el juzgado que me enjuicia ha logrado establecer quiénes fueron los autores intelectuales de esos homicidios ni ha obtenido el testimonio de Dios al respecto.
A diferencia de la corrupción de mordidas por favores y contratos, la macro corrupción derivada de vínculos entre políticos y mafiosos siempre termina en muertes. El conductor de Serpa era un hombre humilde, cuyo único lío era haber sido conductor de Serpa en la campaña de 1994 y eventual testigo de la movilización de cajas de billetes en la campaña, presuntamente los aportados por el Cartel de Cali.
El dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado resistió la violencia política de la década de 1950, el exilio, la dictadura de Rojas Pinilla, la violencia narcoterrorista y el secuestro de la guerrilla. El único riesgo vital que no pudo resistir fue el proceso 8.000. En 1995 también fue asesinado. La investigación también fue manipulada. Los autores intelectuales también se desconocen.
Sin embargo, entre otras evidencias, por el testimonio dado por el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante alias rasguño, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, abrió el año pasado investigación contra Ernesto Samper, por su presunta participación en el asesinato del dirigente conservador. Este es un aparte de la declaración de Gómez Bustamante al respecto:
“...el Doctor Álvaro Gómez estaba ambientando un golpe de Estado dentro de los militares y los grandes ricos de Bogotá. Entonces el Doctor, ‘El Gordo’ [el Gordo es Samper] y Horacio [porque él le decía Horacio] mandan la razón con el Gordo “Nacho” de que hagamos lo que sea para parar a Álvaro Gómez que porque si hay un golpe militar van a coger a todo mundo y van a extraditar a todo mundo y que ellos también temen de una extradición de ellos como ocurrió en Panamá, con Noriega.” Entonces, él relata esos hechos, eh dice bueno todo y quien manejó todo esto y me dice “bueno todo esto se manejo por intermedio de ‘La Gorda” de Nachito. Él fue el que trajo todas las razones y todo. Yo le dije: bueno pero qué pasó y me dice “bueno el Doctor Álvaro fue imposible arrimarle, tratamos por todos los medios de buscarle arrimar para que se quedara quieto y ese hombre es muy jodido, ese hombre no quiso recibir plata, ni quiso recibir a nadie.” Y dijo: “entonces nosotros vimos que la única forma de acallarlo era matarlo y tomamos la decisión de matarlo.” Me dijo: “a su vez estábamos buscando, necesitábamos algo que distrajera la investigación de Samper en la Cámara de Representantes, para que Heinne Mogollón pudiera hacer pasar la inocencia de Samper en el proceso 8000, entonces esos son los motivos”.
El testimonio de Gómez Bustamante también ratifica otros indicios que existen en el caso del asesinato de la 'monita retrechera' y de la vinculación del entonces edecán presidencial, coronel Osorio, con narcos del Valle.
Dijo el Presidente Samper en su testimonio en el juicio en mi contra, que “conocía y admiraba mis investigaciones por parapolítica”. Lo que parece no entender es que el proceso 8.000 y la parapolítica están estrechamente vinculados y que ni el uno ni la otra son caso cerrado ni cosa juzgada.
Todos los argumentos, artículos, sentencias y testimonios citados en este escrito son de público y amplio conocimiento. Con todos ellos, con los testimonios de los testigos María Teresa Ronderos y Eduardo Bertoni, y con una extensa jurisprudencia nacional e internacional cuenta la jueza que dictará sentencia sobre este caso este jueves 24 de febrero.
Como consta en este escrito y en la manera como he conducido mi defensa, no acudí al estrado judicial para evadir mi responsabilidad ni como ciudadana ni como periodista. No acudí a tratar de decir que no dije lo que dije o que no me refería a quien me referí. Acudí a sustentar los fundamentos de mis opiniones, a defender mi derecho a expresarlas y en general a defender la libertad de expresión ciudadana y del periodismo en Colombia.
Reitero que en cada una de las afirmaciones que se cuestionan de mi columna, me refería expresamente al expresidente Ernesto Samper Pizano, a su trayectoria política y su campaña presidencial. Me reafirmo en cada una de las opiniones expresadas, porque se basan en hechos veraces, de público conocimiento y porque ellas no son meras apreciaciones caprichosas, sino fruto de un juicio crítico y ético, fundado en apreciaciones informadas.
Le pido a la justicia colombiana que proteja mis derechos ciudadanos a la libertad de expresión, y sobre todo, mi derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político en Colombia.
Nota: Olvidé mencionar que por lo menos 30 congresistas, elegidos en la campaña de 1994, fueron investigados por el proceso 8000 y la mitad de ellos fueron condenados. El Contralor de la época, David Turbay, también fue condenado por vínculos con el Cartel de Cali. El Procurador de entonces, Orlando Vásquez Velásquez, el más férreo defensor de Samper ante la Cámara de Representantes y el Consejo de Estado, también fue condenado por vínculos con el Cartel de Cali.
Artículo tomado de http://www.lasillavacia.com/elblogueo/clopez/21986/en-mi-defensa
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